La Pampa y Nación disputan ante la Corte las cajas jubilatorias
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y representantes del Gobierno Nacional se encontraron este miércoles para una audiencia de mediación convocada por la Corte Suprema de Justicia. Están tratando el reclamo que La Pampa sostiene por la deuda que el Estado tiene con su caja jubilatoria. Actualmente, esa deuda supera los $400 mil millones, y en 2025 La Pampa tendría que desembolsar $145 mil millones para cubrir el déficit.
En fechas anteriores, el gobierno provincial había solicitado una medida cautelar urgente para resolver el desfinanciamiento de su caja previsional. Argumentaron que se les hacía imposible continuar financiando el déficit debido a que desde el 10 de diciembre de 2023, se cortaron los aportes que el Gobierno Nacional debía realizar según el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260.
El máximo tribunal decidió intervenir y citó a todas las partes a una reunión a las 11 de la mañana en el salón Carmen Argibay, en Buenos Aires. Estuvieron presentes el gobernador Ziliotto, el ministro de Economía, Guido Bisterfeld, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y el secretario general de la Gobernación, José Vanini, entre otros.
Del lado del Estado Nacional, participaron varios funcionarios importantes, como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón. También había otros letrados representando al Gobierno.
Desde La Pampa, celebraron que el nuevo gobierno de Javier Milei reconociera la legitimidad del reclamo y se comprometieran a trabajar en las auditorías necesarias para resolver esta situación. Sin embargo, la discusión se suspendió, y ahora tendrán 30 días para consolidar los montos de las auditorías y llegar a un acuerdo conciliatorio. La próxima reunión está programada para el 10 de diciembre.
Volviendo a los orígenes de esta problemática, hay que remontarse a 1994, cuando el entonces presidente Carlos Menem permitió que trece provincias, entre ellas La Pampa, decidieran no transferir sus cajas jubilatorias al Estado. Esto incluye a Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
Ahora, varias provincias están insistiendo sobre el incumplimiento del Estado Nacional en las transferencias necesarias para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias. Desde que asumió Javier Milei, estas transferencias se detuvieron, obligando a La Pampa y otros municipios a solventar el sistema previsional con fondos propios.
La situación en Entre Ríos y Córdoba
Entre Ríos también está en la misma lucha. El gobernador Rogelio Frigerio reclama cerca de $155 mil millones por la deuda que mantiene con su caja previsional. La Corte Suprema había fijado una audiencia de mediación para el 12 de noviembre, pero se suspendió debido a la inestabilidad política.
Frigerio formó parte de un grupo de mandatarios que se aliaron con La Libertad Avanza y logró firmar un acuerdo con la ANSES para obtener fondos por $48 mil millones en cuotas de $6 mil millones para cubrir su déficit.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, afirma que si Nación cumple con los pagos, se desisten de las acciones judiciales. Si no hay acuerdo, continuarán con el juicio.
Esta disputa por los fondos previsionales es una de las banderas de la Región Centro, que también incluye a Santa Fe y Córdoba.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro convocó a una reunión con funcionarios nacionales para tratar esta cuestión. No obstante, no se han visto avances en las negociaciones, a pesar de la orden judicial que exige pagos a Nación. En Córdoba, por otro lado, las cosas han ido mejor: se logró un acuerdo que implica transferencias mensuales de $5 mil millones durante un año, alcanzando un total de $60 mil millones.
Así, la historia de las cajas jubilatorias sigue siendo un tema candente en la política argentina, con cada provincia buscando su parte en este rompecabezas financiero.